Cada vez es más frecuente
ver a personas y organizaciones de la izquierda
defendiendo una narrativa que pretende culpar
a las protestas de junio de 2013 en Brasil
del ascenso del fascismo bolsonarista,
y estableciendo paralelismos entre el uso de tácticas black bloc
y los ataques fascistas en Brasilia.
Y que incluso habrían sido
orquestadas por fuerzas ocultas
para desestabilizar al gobierno de la izquierda.
Pero esta versión no se sostiene
cuando analizamos el contexto
de las huelgas y movimientos de la época.
2013 fue la culminación de una serie histórica de protestas,
paros y ocupaciones
que abarcan desde 2011 hasta 2016.
Fue un año de luchas populares,
en el que se produjo el mayor número de huelgas
desde el final de la dictadura militar.
Hubo más de dos mil huelgas.
Mil cien sólo en el sector privado.
Se sumaron a estas manifestaciones
trabajadores que ya no veían
a los sindicatos como sus representantes
y que pretendían dejar claro su descontento y su precariedad.
Varias categorías se declararon en huelga de forma autónoma,
contra sus propios sindicatos.
Manifestantes comenzaron a lanzar objetos contra el camión de sonido
del sindicato de la categoría.
Los gobiernos del Partido de los Trabajadores
alimentaron el descontento popular
gastando miles de millones en megaproyectos,
como la presa hidroeléctrica de Belo Monte
y las obras del Programa de Aceleración del Crecimiento,
la Copa del Mundo y los Juegos Olímpicos,
que provocaron la expulsión de comunidades periféricas
y pueblos indígenas de sus tierras.
Esto sólo fue posible
gracias a la presencia cada vez más militarizada del Estado
en las favelas y periferias.
Muchas de estas obras
fomentaron aún más el uso del coche,
lo que espoleó movimientos orgánicos en defensa del transporte público,
por la movilidad urbana
y en defensa de los espacios públicos.
Y aunque la administración del PT
introdujo a los movimientos sociales en las instituciones,
quitándoles su papel de presionar
al Estado para el cambio,
la naturaleza autónoma y horizontal
de estos nuevos movimientos los hizo atractivos.
Ganaron cuerpo y adhesión popular
al abordar lo que la izquierda en el gobierno había olvidado,
que la solución no era una mera cuestión
de gestionar el neoliberalismo,
y exigía cambios más radicales.
Al enfrentarse a manifestaciones
sin un liderazgo definido
y que se negaban a ser asimiladas,
las organizaciones de la izquierda brasileña
descubrieron que estaban desconectadas
de las reivindicaciones populares
y comenzaron a atacar y deslegitimar la revuelta.
La mayoría de los partidos de izquierda
lanzaron notas disociándose
y criticando la acción de les supuestes anarquistas.
Algunos incluso ayudaron a criminalizar
y entregar a personas a la policía.
El gobierno del Partido de los Trabajadores
y sus aliados
no han tardado en responder
a la indignación popular con la criminalización,
equipando a la policía
y aprobando una ley antiterrorista.
Una ley que no tiene sentido
en un país cuya única práctica terrorista fue,
y sigue siendo, el terrorismo de Estado.
Un pueblo que se vuelve
contra el que pretende ser el "gobierno del pueblo"
no puede ser un pueblo.
El gobierno y la sociedad no pueden aceptar
que una minoría violenta y autoritaria
destruya la propiedad pública y privada.
La filósofa Marilena Chaui
dijo en una conferencia a la Policía Militar de Río de Janeiro
que quienes se adherían a la táctica Black Bloc
eran fascistas.
Para eses intelectuales,
hasta el día de hoy, 2013 no fue un levantamiento popular,
sino el inicio del fascismo brasileño.
Las manifestaciones representaban el principio,
el huevo de la serpiente, por así decirlo.
Dentro de esta lógica,
parte de la izquierda ve 2013
como el inicio de una reacción de las clases medias privilegiadas
a las conquistas sociales alcanzadas durante los gobiernos del PT,
manipuladas para servir a los intereses
de los enemigos imperialistas de siempre.
Para insertar estos reveses en una narrativa global,
se ha adoptado la noción de "guerra híbrida".
La guerra híbrida es un concepto,
acuñado por militares estadounidenses,
para describir las acciones de Rusia
durante la anexión de Crimea en 2014.
La intención era crear en la izquierda
una repulsión a las movilizaciones populares.
Para ello, se difunde la idea
de que todas las manifestaciones y luchas contra la opresión,
como las luchas antirracistas,
feministas
y LGBTQIA+,
así como las manifestaciones autónomas
y contra la política representativa
y las instituciones,
serían en realidad
reivindicaciones implementadas por los gobiernos imperialistas
para desestabilizar a los gobiernos.
Esta narrativa proviene del libro Hybrid Wars,
que se convirtió en un éxito entre la izquierda brasileña
después de 2013.
Su autor, Andrew Korybko,
es un analista político que se alinea
con la política del Estado ruso
y sus intereses geopolíticos exteriores.
Defiende el régimen fascista de Viktor Orbán en Hungría
y la AfD,
un partido alemán de extrema derecha.
En 2016 apoyó la candidatura de Donald Trump
a la presidencia de EEUU,
para "acabar con el totalitarismo de lo políticamente correcto".
La ideología totalitaria, opresiva y controladora
de lo políticamente correcto ha desaparecido.
Ha muerto. Se acabó.
Gracias a Dios.
Korybko estructura su libro
en torno al pensamiento geopolítico de Aleksandr Dugin,
intelectual ruso, conservador y cristiano,
que es una de las principales influencias
del Presidente ruso Vladimir Putin.
Dugin fundó el Partido Nacional-Bolchevique
tras el fin de la Unión Soviética,
una rama del fascismo conocida como nazbol.
El nombre es un homenaje al
nazismo y al comunismo bolchevique,
que, según él,
en su día sirvieron de contrapunto a la expansión de Estados Unidos.
El símbolo del partido es similar a la bandera nazi,
pero con una hoz y un martillo negros
en lugar de la esvástica en el centro.
Mezclando elementos del comunismo
con otros de extrema derecha,
pretende seducir a la gente de izquierda
hacia un proyecto político esencialmente fascista.
Gran parte de su programa puede parecer atractivo
a personas libertarias y de izquierdas,
pues es anticapitalista y antiimperialista;
alaba aspectos de las sociedades
y tradiciones no occidentales y precoloniales,
al tiempo que condena el Estado-nación.
Estas posiciones
-por muy necesarias que sean
para un programa de izquierda radical-
no son ni buenas ni malas en sí mismas;
son más bien instrumentos,
herramientas para la creación de un mundo nuevo.
La influencia de Dugin abarca desde
el coordinador de la campaña de Trump,
Steve Bannon,
hasta el filósofo del bolsonarismo,
Olavo de Carvalho,
con quien ha colaborado.
Las protestas de junio de 2013
contaron con una masiva presencia popular.
Las personas que protestaron
pertenecían claramente a las capas excluidas,
vendedoras ambulantes, habitantes de la calle, chabolas,
trabajadoras precarizadas
y, por supuesto, gran parte de la llamada clase media.
Al percatarse de la magnitud de las manifestaciones,
la prensa corporativa consideró que
el descontento popular podía manipularse
discursiva y mediáticamente.
¿Por qué no luchan contra el PEC 37?
De verdad,
estos alborotadores de clase media
no valen ni 20 céntimos.
Pero incluso con los ataques diarios de la prensa corporativa,
el apoyo popular siguió creciendo
en solidaridad contra
la brutalidad de la violencia estatal.
La gente está tan cabreada
que apoya cualquier tipo de protesta,
por lo que he visto.
La táctica "Black Block",
que aunque no era nueva,
ganó protagonismo en medio de las protestas
y contó con un amplio apoyo popular.
Los medios digitales y las redes sociales
ayudaron en este sentido,
desmintiendo la constante desinformación de la prensa corporativa,
y permitieron mostrar directamente a la población
imágenes de la violencia de Estado.
Cuando la guerra informativa no consiguió domesticar el levantamiento,
A primera vista,
este movimiento parecía una pequeña provocación sin sentido,
que muchos criticaron erróneamente,
incluido yo.
el Estado inició el proceso de fuerte criminalización,
que tuvo más éxito.
La izquierda institucional no supo aprovechar estas movilizaciones
para impulsar sus programas más radicales.
Ni siquiera avanzaron sus programas reformistas.
Y hasta hoy se niega a reconocer
que 2013 fue producto de la insatisfacción
con el modelo de neoliberalismo inclusivo
promovido por los gobiernos del PT.
Que pretendía integrar a la población en el mercado de consumo
mediante una economía basada en el extractivismo.
Y no se atrevió a perturbar las estructuras
que sostienen la desigualdad en el país.
Nadie puede convencerme de que eso se debió
a que la policía de São Paulo apaleó
una manifestación de 3.000 personas.
No lo creo.
Eso ya formaba parte de la arquitectura política
del derrocamiento del gobierno.
Seguir negando la legitimidad de estas manifestaciones
es garantizar la criminalización permanente
de la protesta y la disidencia.
Por otra parte,
la derecha supo aprovechar el descontento popular.
Y, por primera vez desde 1964,
volvió con fuerza a las calles.
Mientras tanto,
lo único que hicieron los sectores mayoritarios de la izquierda fue
llamar a la legalidad y al orden.
Innumerables personas y organizaciones
que se autodenominan de izquierdas
renunciaron a apoyar las luchas sociales contra la opresión
para defender las instituciones opresoras del Estado burgués.
El regreso de Lula al juego político
es una forma que tiene el sistema
de restaurar la fe en instituciones burguesas
como la democracia representativa.
Pero ahora en un acuerdo aún más a la derecha
y que cuenta incluso con amplios sectores de la izquierda
que defienden el refuerzo de la policía, los tribunales y las prisiones
en nombre de la defensa del llamado
"Estado democrático de derecho".
El nuevo gobierno del PT
necesitará alianzas cada vez más amplias
para defender avances sociales cada vez más tímidos,
mientras las condiciones económicas y políticas
que en el pasado permitieron su gobernabilidad
tienden ahora a deteriorarse.
La estabilidad que buscan
no vendrá sólo a través de becas,
ayudas o políticas de inclusión.
Cada vez más, asistiremos a un aumento
de la vigilancia y el control,
con dispositivos de seguridad
que multiplican el encarcelamiento masivo
y el genocidio de los pueblos negros, indígenas y marginados,
ya sea en la ciudad o en el campo.
El regreso de Lula y del PT al gobierno
puede ser una coyuntura favorable,
pero no durará mucho.
El Estado nunca extinguirá completamente el fascismo,
porque depende de él para restablecer el control
cuando pierde legitimidad política.
Mientras los pueblos no ocupen
y tengan autonomía sobre sus territorios y sus vidas,
la pacificación y la conciliación de clases del lulismo
sólo ahogarán las revueltas populares,
al tiempo que legitiman y fortalecen las instituciones estatales.
Y cuando la izquierda vuelva a perder el poder,
una nueva toma fascista
volverá a ser una amenaza.