En la misma semana
en que las calles de Francia ardían en llamas
contra la reforma de la seguridad social,
una serie de acciones incendiarias
asolaron más de 50 ciudades de Rio Grande do Norte, en el llamado Brasil.
Los medios de comunicación, los gobiernos federal y estatal,
e incluso sectores de la izquierda,
tratan el hecho como un caso policial,
relacionado sólo con el mundo del crimen organizado,
El crimen organizado ataca
19 ciudades de Rio Grande do Norte.
Ataques criminales
Acciones criminales
Ataques criminales
Serían una respuesta al refuerzo de las medidas de control
en las cárceles.
y dejan de lado un punto crucial:
que la revuelta busca condiciones dignas
para las personas encarceladas por el Estado.
La revuelta, que comenzó el 14 de marzo,
dura ya más de una semana.
Hasta el momento, se han producido más de 259 acciones,
como la quema de autobuses,
ataques a comisarías, ayuntamientos, el foro de justicia
y otros edificios públicos y comerciales.
Ya forman parte de una de las mayores
revueltas contra el sistema penitenciario
de la historia de este territorio.
A pesar de la intensa criminalización y de las acusaciones de terrorismo,
las reivindicaciones del motín son tan básicas
que ponen en evidencia los crímenes y la violencia cotidiana
ejercida por el propio Estado,
que impone a los presos una realidad cruel y degradante,
violando incluso las leyes y los derechos que debería proteger.
Queremos al menos 4 visitas al mes.
Tomar el sol, queremos por derecho.
Mejor alimentación.
Luz en el interior de las celdas.
Investigar el poder judicial de RN,
porque niegan a todos el derecho
al régimen semiabierto
Tortura, no podemos soportarlo más.
Que investiguen la prisión Rogério Coutinho Madruga,
porque son celdas container, abarrotadas, muy calientes,
temperatura de 40 a 50°C.
No hay ventilación.
Prisioneros todos con tuberculosis y diversas enfermedades.
No queremos la guerra, excepto con el gobierno.
Nuestra guerra se ha declarado con el Estado.
La guerra ha comenzado y ya no se detendrá,
mientras los derechos de nuestros hermanos de dentro no sean aceptados.
Aún así,
los ataques contra la logística del poder
al otro lado del Atlántico
han ganado más visibilidad entre la izquierda
que la revuelta de los cuerpos pobres, encarcelados y racializados
en el propio territorio donde viven.
Hay todo un sistema racista
que decide qué revueltas serán consideradas políticas
y ganarán protagonismo y apoyo
y cuáles serán criminalizadas y desmoralizadas.
Eso es lo que vemos actualmente.
Muchas de estas acciones serían aprobadas y apoyadas por la izquierda,
al menos por la izquierda radical,
si fueran llevadas a cabo por otras personas.
Sin embargo,
quedan reducidas al "mundo del crimen"
y a las facciones que lo pueblan,
dentro de las cuales los presos sólo serían una masa de maniobra.
Y así, se sofocan las reivindicaciones legítimas
que tocan directamente el funcionamiento
de las máquinas supremacistas blancas de exterminio
que son las prisiones brasileñas y su administración
-incluso cuando están dirigidas por un gobierno progresista.
Que estas acciones sean consideradas políticas o criminales
no cambia el hecho de que
el principal incitador de la violencia es el Estado,
que siempre tratará cualquier reacción como crimen y terrorismo.
Como respuesta,
se instaló un verdadero Estado de Excepción
en Rio Grande do Norte.
La Secretaría de Administración Penitenciaria
suspendió las visitas familiares y el servicio de abogados.
Cuando hay acciones como esta,
todos estos derechos, se ven cada vez más reducidos y privados.
Se creó un Gabinete de Crisis.
Flávio Dino, ministro de Justicia del gobierno Lula,
envió más de 1000 agentes de la Fuerza Nacional.
Y se llegó a plantear la activación de la Garantía de Ley y Orden
para enviar a las Fuerzas Armadas.
En esto, ya se han gastado más de 5 millones de reales.
El 15 de marzo,
familiares realizaron una protesta contra las torturas dentro de la prisión
y dos personas fueron detenidas arbitrariamente.
Frente a la revuelta, existe un gran consenso represivo
establecido en las diferentes instituciones del Estado.
Ni siquiera los supuestos defensores
de los derechos humanos y de la igualdad racial,
ahora asimilados al gobierno federal,
se atrevieron a legitimar las reivindicaciones de los presos
contra las torturas practicadas en el interior de las cárceles.
En lugar de atender las demandas de los presos,
Lula, Dino y la gobernadora Fátima Bezerra
invierten aún más en el complejo carcelario-industrial:
comprando más vehículos y armamento,
y construyendo más cárceles.
En otras palabras, la guerra social
continuará ahogando a la población pobre y racializada
en charcos de sangre dentro de las prisiones.
El gobierno del PT refuerza así
su compromiso con el "desarrollismo punitivo",
que consiste en aumentar la criminalización,
el encarcelamiento y el genocidio
de franjas enteras de la población
que han sido convertidas en superfluas y desechables,
mientras opta por ignorar el hecho de que
es el propio sistema de justicia penal el que produce estas milicias,
facciones y policías corruptos.
Estamos ante el mayor levantamiento hasta ahora en 2023,
llevado a cabo por uno de los sectores
más marginados social y políticamente.
Por gente de la misma clase trabajadora
a la que la izquierda es incapaz de llegar y movilizar.
La indiferencia de la mayor parte de la izquierda
hace que estemos lejos de construir una escucha política
hacia las personas presas.
No reconocer la legitimidad de esta rabia,
y no encontrar formas de incluir a estas personas
en la lucha por un mundo más justo, igualitario y libre,
sabiendo que no serán aceptadas en el capitalismo formal
y no serán consideradas dignas de ciudadanía y derechos,
es entregarlas en manos de empresas y sindicatos criminales.
Es fundamental buscar alianzas y redes de solidaridad
con las entidades marginadas.
No hay forma de separar esta revuelta que denuncia la violencia del Estado
contra las personas presas en Rio Grande do Norte,
de las luchas contra el racismo,
contra la violencia policial
y por la despenalización de las drogas.
No se puede negar que los ataques,
que hoy atemorizan a tanta gente,
son una respuesta directa al terror del Estado dentro de las prisiones.