Ante la acumulación interminable de las catástrofes producidas por el colonialismo,
el Estado brasileño continúa avanzando e incentivando
una economía de saqueo de territorios,
y cuerpos humanos y no humanos.
A través del nuevo PAC, el Programa de Aceleración del Crecimiento,
anunciado en 2023,
el gobierno del PT promueve la remoción de pueblos de sus territorios
y la inviabilización de la vida en la tierra para abrir caminos a emprendimientos
que buscan principalmente mantener el sistema capitalista generando ganancias para la élite.
La violencia necesaria para que estas obras salgan adelante
es realizada tanto por las fuerzas represivas del Estado,
como por organizaciones paramilitares,
que crecen y se organizan cada vez más, ya sea en la ciudad o en el campo.
El 21 de enero de 2024, el grupo miliciano Invasión Zero,
compuesto por empresarios del agronegocio, terratenientes y agentes estatales,
asesinó a la Pajé Pataxó Hã Hã Hãe, Maria de Fátima Muniz Pataxó,
la Nega Pataxó, en Potiraguá, sur de Bahía.
En la acción, el Cacique Nailton también fue herido de bala y otras personas resultaron heridas.
La Policía Militar de Bahía apoyó la acción, yendo al territorio indígena el día anterior.
El sábado, la policía estuvo en la zona, golpeó a algunos indígenas,
quitó todos los teléfonos móviles a los indígenas presentes allí,
ya premeditando que los indígenas no iban a grabar esta acción del día siguiente.
Estos ataques, entre tantos otros,
muestra que la reconstrucción de Brasil y su crecimiento,
utilizada como eslogan del gobierno actual,
significa la reconstrucción del trauma y de la catástrofe colonialista,
fortaleciendo aún más grupos armados de extrema derecha vinculados al agronegocio.
Ante las destrucciones en curso,
un conjunto de movimientos populares se ha manifestado,
exponiendo los límites de la democracia burguesa para crear alternativas factibles
al fin de este mundo como lo conocemos.
Desde el 11 de diciembre de 2023,
varias organizaciones populares de Ceará ocuparon la sede del PT en Fortaleza
y la Presa de Fronteras, en Crateús,
y formaron parte de la 1ª Ocupación en Defensa de la Casa Común,
una lucha contra el capitalismo en defensa de la vida en el planeta.
Los territorios ocupados por el estado de Ceará,
actualmente gobernado por Elmano de Freitas del PT,
han sido objeto de proyectos que expropian tierras
de pueblos quilombolas, indígenas y de trabajadores rurales,
además de destruir una diversidad de ambientes y vidas no humanas.
Son emprendimientos como el agronegocio, la minería, las presas,
la privatización de playas para la construcción de grandes hoteles y aerogeneradores.
Esta lista se fortalece con obras del PAC,
como la Presa de Fronteras, en Crateús,
y la minería de uranio vinculada al Programa Nuclear Brasileño en Santa Quitéria.
Estos proyectos han contaminado los suelos, aguas y aire,
propagando el hambre
e inviabilizando una multiplicidad de modos de vida
en los más diversos territorios.
En los territorios ocupados por el estado de Pará,
el 15 de diciembre de 2023,
el senador Zequinha Marinho, del Podemos, realizó un evento
en defensa de la construcción de la Ferrogrão,
ferrocarril que pretende unir Mato Grosso a Pará.
Es otro proyecto que forma parte del nuevo PAC
y que ha animado a madereros, grileiros y garimpeiros.
Se estima que este proyecto destruirá
alrededor de 2 mil km² de vegetación y territorios indígenas.
Los indígenas protestaron contra la obra,
explicitando la amenaza que el nuevo PAC representa
para las luchas por tierra y territorio.
La ocupación de la sede del PT en Ceará
y la protesta de los pueblos indígenas en Pará
denuncian los límites del gobierno actual y el fracaso de la democracia representativa
en la lucha contra las desigualdades sociales, el racismo, el cispatricarcado,
la destrucción ecológica y la expropiación territorial.
Y nos hace ver las trampas de un gobierno de conciliación,
que busca retirar la autonomía de los movimientos populares y de la lucha por territorio.
El Estado no nos salvará,
pues su supervivencia depende del crecimiento económico constante.
Y, por lo tanto, de grandes obras de infraestructura
y de la explotación de nuestras vidas.
El nuevo PAC muestra el compromiso del gobierno de Lula
con la aceleración de la destrucción de la naturaleza
en nombre de la perpetuación de un modo destructivo de vida colectiva.
Agrupa intereses de corporaciones multinacionales y empresas estatales,
de políticos de extrema derecha
y de progresistas nostálgicos del desarrollismo.
Queda, una vez más, explícita la imposibilidad
de separar al Estado brasileño
de las fuerzas reaccionarias que impulsan el agro negocio y el neoextractivismo.
Después de todo, el estado brasileño, desde su inicio,
ha sido un proyecto de explotación y genocidio
de las poblaciones negra e indígena y de los recursos naturales de esta tierra.
En beneficio de una élite blanca reaccionaria,
siempre respaldada por el ejército, la policía, matones y milicias.
La eterna sed de los estados y del capitalismo por recursos naturales
para impulsar el crecimiento económico
y la interminable acumulación de capital
están volviendo al mundo cada vez más inhabitable,
destruyendo ecosistemas y alimentando cambios climáticos
que intensifican eventos climáticos extremos.
Secando manantiales y ríos,
erosionando el suelo
y destruyendo hogares y cultivos.
A medida que las condiciones de vida se deterioran,
la indignación crece.
Al igual que la codicia de los capitalistas por tierras
que aún no se han vuelto improductivas
y por reservas de minerales inexploradas.
No es de extrañar que los gobiernos de todo el mundo
hayan estado ampliando y militarizando sus aparatos de seguridad, control y represión
para hacer frente a disturbios cada vez más frecuentes.
La respuesta del gobernador de Bahía, Jerônimo Rodrigues del PT,
al atentado contra los Pataxó Hã Hã Hãe,
fue crear una compañía de la PM especializada en gestión de conflictos agrarios.
En Río Grande del Sur, el gobernador Eduardo Leite, del PSDB,
envió tropas de choque para poner fin a las protestas
y barricadas levantadas en varios puntos de Porto Alegre
por la población periférica indignada después de pasar días sin agua y electricidad
debido a una tormenta.
No sorprende que en 2023
Lula haya sancionado la ley orgánica de las PM
en cooperación con la extrema derecha.
Esta ley aumenta la militarización de las fuerzas policiales
y fue considerada peor que el decreto de la dictadura militar
que pretende reemplazar,
según defensores de los derechos humanos.
Nuestras luchas están todas interconectadas.
El racismo, el machismo y la transfobia
son las violencias que allanan el camino para los avances del estado y del capital,
que destruyen la diversidad de formas de vida, biomas y paisajes,
abriendo espacio para monocultivos, estandarización y homogeneización.
Combatir el racismo sistémico significa combatir a la policía y las prisiones,
que se utilizan para subyugar a personas negras e indígenas
y privarlas de su modo de vida y territorio,
encarcelando a quienes se atrevan a resistir.
Combatir el machismo y la transfobia significa combatir al estado,
que busca establecer un control cada vez mayor sobre nuestros cuerpos,
jerarquizándonos, clasificándonos, desterritorializándonos
para controlar nuestras capacidades productivas y reproductivas.
No hay conciliación posible
con aquellos que quieren oprimirnos, explotarnos y matarnos.
Para avanzar en la lucha por otras formas de existencia,
que busquen relaciones sociales más igualitarias
libres del control de fuerzas reaccionarias,
es fundamental luchar contra la estructura destructiva del estado,
ya sea bajo el control de un gobierno conservador o llamado progresista.