Bolsonaro ha sido condenado.
Y mucha gente lo está celebrando,
lo cual es comprensible.
Bolsonaro fue un presidente autoritario
que fomentó la persecución y la violencia
contra los movimientos sociales
y les disidentes de género y sexualidad,
que impulsó el genocidio indígena,
promovió la misoginia
y la violencia policial
contra las personas negras y periféricas,
y la devastación de los ambientes naturales
y no dudó en anteponer los beneficios de las élites
a nuestras vidas
durante la pandemia de COVID-19,
mientras se burlaba
de la mayor crisis sanitaria de la historia de este territorio.
Pero su encarcelamiento refuerza la lógica carcelaria
y la legitimidad del llamado «Estado democrático de derecho»,
llevando a muchas personas que buscan justicia social
a apoyar las instituciones
de un Estado que es la base de las injusticias
que afligen este territorio desde hace 500 años.
El Estado brasileño es una herramienta colonialista
creada por la nobleza portuguesa
para explotar a la población
y saquear las riquezas de estas tierras
en beneficio de una élite.
Y los poderes políticos
existen para administrar ese Estado,
mientras que el poder judicial, con sus tribunales, policías y prisiones,
sirve para mantener ese orden brutal,
castigando a cualquiera que se atreva a desafiarlo
o levantarse contra él.
Ya sea bajo el gobierno socialdemócrata del PT
o bajo un régimen neofascista de extrema derecha,
la característica colonial y extractivista original
del Estado brasileño se mantiene.
Ni siquiera Lula,
admirado por tanta gente,
contradice esta lógica.
Por el contrario, la refuerza e impulsa,
pasando por encima de la autodeterminación de los pueblos indígenas
para construir ferrocarriles en sus tierras
y abriendo aún más la Amazonía
a la extracción de petróleo y otros minerales
codiciados por el capital internacional.
Todo ello legitimado por el frágil barniz de la llamada democracia.
Mientras exista el Estado,
mientras exista el capitalismo,
viviremos bajo la amenaza de la toma del poder por parte de los fascistas.
La historia nos ha demostrado en varias ocasiones
que las estructuras centralizadoras del poder del Estado
pueden ser, y serán, tomadas de nuevo
en cualquier momento por autoritarios,
déspotas,
fascistas
y genocidas.
Entonces, aunque nos alegre ver que Bolsonaro empieza a pasar apuros,
apoyar y fortalecer estas instituciones
por castigar a fascistas y golpistas
es un gol en contra.
Porque no hay duda de que se utilizarán
para perseguir, con aún más rigor,
a las poblaciones marginadas
y a los movimientos sociales radicales
que buscan el fin de este orden opresivo e injusto
y la construcción de un mundo libre, justo e igualitario.
No queremos el fortalecimiento de las instituciones
que siempre se han utilizado contra las personas más vulnerables
y contra las luchas populares.
No queremos la soberanía de un Estado
que lleva 500 años matándonos,
oprimiéndonos y devastando estas tierras.
Queremos su abolición,
para que podamos finalmente buscar la liberación total,
a través de la autodeterminación de los pueblos y territorios,
la solidaridad y el internacionalismo.