En el Archipiélago ocupado por el Estado filipino, se aprobó en 2020 una nueva ley antiterrorista que limita la libertad de expresión, aumenta la vigilancia de la población, permite el arresto sin orden judicial y amenaza a quienes se oponen al Estado con cadena perpetua, sin derecho a libertad condicional.
La definición de «terrorismo» es deliberadamente abstracta, para que pueda aplicarse a cualquier enemigo del Estado y dividir a la gente entre buena y mala. Cuando se ve amenazado por levantamientos populares, el Estado recurre a la figura del «terrorista» para aislar y criminalizar a las personas y los movimientos que buscan cambios más radicales, más allá de lo que el Estado considera aceptable. Las personas anarquistas, antifascistas, las organizaciones de trabajadores, la lucha contra la violencia policial o contra los poderes coloniales han sido blanco de esta táctica.
Mostrar solidaridad con las personas criminalizadas por luchar es parte de cualquier lucha por un mundo más justo e igualitario.
¡Fuera Duterte! ¡Abajo los Estados, los verdaderos terroristas!
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